Desde los atentados del 11-S, algunos gobiernos, fundamentalmente el norteamericano, han puesto en marcha planes para controlar las telecomunicaciones entre los ciudadanos de sus países, tales como sus hábitos de uso de Internet o sus conversaciones móviles. El último en sumarse a esta tendencia es el Reino Unido, que acaba de dar el visto bueno a un plan para el control de las telecomunicaciones en el país.

Estos programas, aprobados bajo el argumento de la necesidad de mantener la seguridad nacional, suponen una grave amenaza para la intimidad y la privacidad de las personas. Pero además, ahora se demuestra que son inútiles. Esa es al menos la conclusión de un estudio elaborado por la National Research Council, un organismo que representa a diferentes Academias de Ciencias e Ingenierías en los EEUU.

El estudio afirma que la identificación de potenciales terroristas a través del data mining, ni es un objetivo factible, ni deseable desde el punto de vista de la innovación tecnológica. Las falsas alarmas que señalan a potenciales delincuentes se convierten así en amenazas fuera de la ley, que califican como sospechosos a personas o empresas de manera inadmisible.

El informe de 352 páginas, respaldado por diferentes asociaciones de abogados, científicos y especialistas en tecnología y titulado “Protecting Individual Privacy in the Struggle Against Terrorists”, critica las prácticas de la Total Information Awareness o TIA (ninguna relación con Mortadelo y Filemón), un programa de recopilación de datos personales puesto en marcha en 2003.

El tono del informe es tremendamente crítico con las agencias de seguridad y el gobierno norteamericano, a los que acusa de inculpar en falso y violar la integridad de algunos de sus ciudadanos de manera errónea. Por ejemplo, el reciente asalto por parte de fuerzas especiales de la casa de un militar retirado al que se había identificado como traficante de drogas.

Los ciudadanos cada vez tienen más relación con la tecnología en sus vidas: desde conversaciones a través de VoIP hasta los GPS que llevan instalados en sus vehículos, pasando por muchas horas en Internet. Esto facilita la tentadora posibilidad de recopilar y analizar enormes cantidades de datos relacionados con su actividad diaria.

Sin embargo, se trata de una tarea tan peligrosa para la intimidad como infructuosa desde el punto de vista de prevenir atentados u otros delitos, pues si fuera posible localizar las huellas digitales de supuestos delincuentes, e identificar y monitorizar sus actividades, la idea tendría algún sentido. Pero el informe concluye que tal cosa no es posible.

¿Alguien puede pensar que es casual que este informe salga a luz apenas un mes antes de las elecciones presidenciales en EEUU?

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