Una vez más, la seguridad de muchos archivos informáticos de las distintas instituciones públicas ha sido puesta en duda. En el ojo del huracán están, sobre todo, los Ayuntamientos, que, en principio, cuentan con menos recursos para poder llevar a cabo una gestión eficiente y segura de sus archivos informáticos sin riesgo a perderlos o a que alguien pueda acceder a ellos.

Para intentar echar una mano ha llegado la propuesta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que ha firmado un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para garantizar la seguridad de la información en los ayuntamientos, con el objeto de que en 2010, al menos el 80% de los trámites administrativos se hagan en la red. El convenio pretende prevenir los ataques a los sistemas de información de las entidades locales. No obstante, en caso de que éstos efectivamente se produzcan, desde el CNI se procurará dará una respuesta rápida para mitigar los efectos. El director del CNI, Alberto Saiz, ha advertido de que “los ataques contra las redes o los sitios web de una institución, el fraude on line, el correo no deseado o el robo de información y datos sensibles son sólo algunas de las amenazas que se ciernen sobre todos nosotros”.
Además, ha puntualizado que estas amenazas cada vez son más complejas y más fáciles de llevar a cabo, “y el daño y velocidad con que se propagan se incrementan año tras año, y esto último es previsible que no cambie en un futuro”. Por ello, ha dicho, la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones se ha convertido en un objetivo a abordar en el ámbito de la seguridad nacional y el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, es el organismo encargado de materializar este objetivo. En este sentido, Saiz ha señalado que el Centro Criptológico necesita de la participación de otras entidades e instituciones que puedan complementar su actividad, y de ahí nace la importancia del convenio suscrito.

Los políticos y la seguridad de sus archivos
En los últimos meses se está hablando mucho de la seguridad de los sistemas de almacenamiento de archivos y otros dispositivos de los que hacen uso los políticos. Hace unos días conocimos que los diputados del Congreso habían recibido varios ‘ataques’ por parte de los lobbies, que en muchos casos habían conseguido bloquear sus cuentas de correo electrónico. Además, del spam publicitario, los diputados también se habían encontrado con varios emails reivindicativos, como uno en el que los autores advierten de que ni ellos ni sus familias les votarán en las próximas elecciones por haber apoyado una rebaja del 25% de las pensiones de clases pasivas, una acusación que, según recalcan algunos de los receptores, es totalmente falsa. Pero no se quedó ahí la cosa: antitaurinos, antiabortistas... muchos fueron los colectivos que aprovecharon las cuentas de correo electrónico de los diputados para hacerles llegar sus peticiones manera masiva.

En el punto de mira también están especialmente las Blackberry, de las que hacen uso a día de hoy desde los ministros hasta los concejales de muchos Ayuntamientos. Lo malo es que las Blackberry en ocasiones no son todo lo seguras que deberían ser para altos cargos y éstos las usan alegremente arriesgándose a que sus datos pasen por manos por las que a lo mejor no deberían pasar.